Canadá adopta la versión de la Ley Magnitsky, una ley de Justicia para Víctimas de Funcionarios Extranjeros Corruptos

Esta ley permite al gobierno canadiense imponer sanciones y prohibiciones de viaje a los funcionarios extranjeros responsables de graves violaciones de los derechos humanos.

De esta forma Canadá se convierte en el tercer país del mundo en promulgar lo que debería parecer un principio directo: no se debe permitir que los funcionarios del gobierno extranjero que abusan y roban a sus ciudadanos aprovechen la libertad y las oportunidades de las sociedades occidentales.

Aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Parlamento, la ley prevé la congelación de activos y la prohibición de viajar a ciudadanos extranjeros responsables de “graves violaciones de los derechos humanos internacionalmente reconocidos” y “actos de corrupción significativa”.

“Un triunfo para los derechos humanos y el estado de derecho”, tuiteó el diputado liberal Borys Wrzesnewskyj; su colega conservador James Bezan afirmó que los violadores de los derechos humanos ya no podrán “usar Canadá como un refugio seguro”.

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