Foto:ShutterStock/Icatnews
El Ministerio de Transporte dio a conocer las enmiendas propuestas en la Canada Transportation Act que busca fortalecer los derechos de los pasajeros aéreos.
Los nuevos cambios que se convertirán en ley ayudarán a la Canadian Transport Agency a hacer de los derechos de los pasajeros una prioridad mayor.
-Hacer obligatoria la compensación para todas las interrupciones, a menos que la interrupción haya sido causada por circunstancias muy limitadas que se definirían específicamente en las regulaciones.
-Eliminar las exenciones a las obligaciones de compensación de las compañías aéreas basadas en categorías amplias de perturbaciones (por ejemplo, interrupciones fuera o dentro del control de las compañías aéreas o requeridas para la seguridad).
-Hacer que las normas de tratamiento, como el suministro de alimentos y agua, sean obligatorias para todas las interrupciones de vuelos.
-Establecer requisitos para el equipaje retrasado y prescribir parámetros en torno a los requisitos de reembolso como resultado de un aviso de viaje emitido por el gobierno.
Las enmiendas también permitirán:
*Sustituir el proceso actual para resolver las reclamaciones relativas a los viajes aéreos, que incluye un proceso de adjudicación por parte del Gobernador en los miembros designados por el Consejo, por un proceso más simplificado llevado a cabo principalmente por el personal del Organismo para garantizar que los viajeros tomen decisiones más rápidas.
*Imponer una mayor carga de la prueba a las compañías aéreas cuando se presuma que debe pagarse una compensación a un denunciante, a menos que la compañía aérea demuestre lo contrario.
*Exigir a las compañías aéreas que establezcan un proceso interno para tramitar las solicitudes de reembolso de los viajes aéreos.
*Ampliar la autoridad de la Agencia para fijar tasas y gravámenes destinados a recuperar sus costes.
*Mejorar las facultades de ejecución de la Agencia con respecto al sector del transporte aéreo permitiendo que la Agencia aumente el importe máximo de las sanciones monetarias administrativas aplicables a la APPR para las empresas y otorgando a la Agencia la autoridad para celebrar acuerdos de cumplimiento con las compañías aéreas.