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Chile Despertó
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El pasado 18 de octubre quedará marcado en el calendario chileno como el día del estallido social. Esa jornada, tras continuas evasiones de estudiantes secundarios al Metro de Santiago en respuesta al alza de las tarifas en $30, la situación llegó a tal grado que el tren subterráneo cerró sus puertas y dejó sin transporte a miles de pasajeros que no tuvieron cómo volver a sus hogares después del trabajo.

Lejos de causar un malestar, las personas empatizaron con el movimiento evasivo y se manifestaron espontáneamente en contra del sistema político imperante desde la dictadura. Transcurridas las horas, se produjeron quemas de algunas estaciones de metro, saqueos a supermercados y desmanes, que llevó a que el presidente Sebastián Piñera decretara Estado de Emergencia en la capital. Así, los militares salieron a las calles para resguardar el orden público y ordenar por una semana “toque de queda”, medida que Chile no implementaba desde la dictadura de Augusto Pinochet por un conflicto sociopolítico.

Paralelamente, en las regiones del país las manifestaciones tomaban más fuerza y también se aplicó la medida extraordinaria. El lema “no son 30 pesos, son 30 años” era cada vez más fuerte. El alza del transporte -que el gobierno echó pie atrás- fue la gota que derramó el vaso de un sistema desigual, cuyo sueldo medio no alcanza los 700 CAD al mes y la pensión mensual de un jubilado que trabajó más de 30 años es de 423 CAD, mientras que la educación y salud pública es casi inexistente, porque no es gratuita.

Pasaban los días, pero la gente se seguía manifestando en multitudinarias concentraciones que terminaron de unir a todos los chilenos. Las personas estaban en las calles marchando y tocando sus cacerolas en signo de protesta al sistema, pero se encontraron con la represión policial, que hasta el 11 de noviembre contabilizó más de 200 personas con pérdida de un ojo y a un estudiante universitario con ambos ojos destruidos por uso de balines. Estas conductas fueron denunciadas por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y es analizada por la Corte Internacional de Derechos Humanos.

Con más de un mes y medio en las calles y clamando una nueva Constitución, que reemplace la hecha en 1980 en plena dictadura, el gobierno -cuya aceptación apenas llega al 9%- se abrió a la posibilidad de realizarla mediante un Congreso Constituyente. Pero la ciudadanía quiere Asamblea Constituyente para que el pueblo esté representado fielmente y se haga la primera carta fundamental entre todos en democracia. El desafío se instaló y ahora el gobierno tiene que ver cómo responde a él.

 

Por Lascar. 

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